• Inclusión y regulación del almacenamiento eléctrico:
  El decreto incorpora el procedimiento de tramitación de baterías dentro del marco regulador de los proyectos energéticos, lo que facilita la integración de sistemas de almacenamiento en plantas renovables.

• Exención de autorización administrativa previa:
  Las instalaciones de hasta 500 kW quedan exentas de autorización administrativa previa, simplificando la puesta en marcha de pequeños proyectos renovables.

• Facilidades para plantas solares en suelos agrarios y antropizados:
  Se facilita la implantación de plantas solares fotovoltaicas en suelo agrario y se reconocen expresamente los suelos antropizados (degradados o transformados y abandonados) como ubicaciones válidas.

• Reducción de plazos y eliminación de trámites duplicados:
  El decreto reduce los plazos de tramitación y elimina duplicidades, agilizando la ejecución de proyectos renovables.

• Transmisión de instalaciones simplificada:
  Se autoriza la transmisión de instalaciones incluso durante el trámite de autorización administrativa previa, flexibilizando la gestión de activos energéticos.

• Actualización normativa urbanística:
  Se incorporan las centrales de almacenamiento eléctrico en la normativa urbanística, permitiendo su implantación en zonas industriales, logísticas o de actividad económica sin necesidad de modificar el planeamiento, solo con informe de riesgos.

Cambios destacados en la normativa vigente

• Modificaciones en el Decreto Ley 16/2019:

  • Se amplía el ámbito de aplicación a instalaciones en suelos no urbanizables y antropizados.

  • Se regula la hibridación de baterías con parques eólicos y plantas solares.

  • Se establecen criterios específicos para la implantación en suelos agrarios, limitando la potencia en suelos de alta capacidad agrológica.

• Participación local y aceptación social:

  • En proyectos de mayor tamaño, se exige una oferta de participación local de al menos el 20% a residentes y entidades del municipio o comarca, con requisitos específicos para empresas públicas.

• Nuevos requisitos para la solicitud de autorizaciones:

  • Se exige acuerdo con propietarios del 85% de la superficie privada para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización energética y ambiental.

• Procedimientos administrativos y ambientales:

  • Se simplifican los trámites de información pública y se reconoce la no sustancialidad de las modificaciones por almacenamiento eléctrico asociado, agilizando su implantación.

• Instalaciones de almacenamiento independientes:

  • Las instalaciones stand-alone de baterías se autorizan conforme al Real Decreto 1955/2000, y su evaluación ambiental sirve también para el procedimiento urbanístico, salvo cambios en el proyecto.

Conclusión

El Decreto ley 12/2025 representa un avance significativo para el sector energético catalán, promoviendo la integración de almacenamiento eléctrico, la agilidad administrativa y la participación local en proyectos renovables. Estas medidas buscan reforzar la resiliencia del suministro eléctrico y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible y descentralizado en Cataluña.